México, un país rico en cultura, historia y tradiciones, ha sido desde siempre un lugar de contrastes. Sin embargo, en los últimos años, uno de los contrastes más notorios y dolorosos que enfrentamos es la profunda brecha entre las clases sociales. Esta división, que abarca desde la economía hasta la educación, la vivienda y las oportunidades, ha perpetuado un ciclo en el que las diferencias entre ricos y pobres parecen cada vez más insalvables.

La desigualdad social en México no es un fenómeno nuevo, pero lo que resulta alarmante es la normalización de esta disparidad. Caminamos por las calles y es imposible no notar los extremos: zonas de lujo, repletas de residencias exclusivas, centros comerciales con tiendas de marcas internacionales y coches de lujo circulando a escasos kilómetros de colonias marginadas, donde la falta de servicios básicos, como agua potable o electricidad, es una realidad diaria.

Uno de los aspectos más evidentes de esta separación es la diferencia en acceso a la educación de calidad. Mientras las familias más acomodadas pueden pagar escuelas privadas y enviar a sus hijos al extranjero a estudiar, la mayoría de los jóvenes en México deben conformarse con un sistema educativo público que, aunque está lleno de talento y potencial, carece de los recursos adecuados. A menudo, quienes nacen en zonas rurales o en barrios más humildes deben luchar contra un sistema que no siempre les ofrece las mismas oportunidades. La movilidad social en México es un reto monumental: las probabilidades de que alguien que nace en una familia de bajos recursos acceda a mejores condiciones de vida son mínimas.

Otro indicador claro de la separación de clases es el mercado laboral. Las diferencias salariales entre empleos formales bien remunerados y aquellos que apenas permiten subsistir son abismales. El trabajador promedio en México enfrenta largas jornadas laborales, salarios insuficientes y pocas garantías sociales, mientras que una pequeña fracción de la población se beneficia de ingresos mucho más altos, conexiones y privilegios que les permiten acceder a oportunidades exclusivas. Esta realidad genera una sensación de impotencia y descontento, ya que, aunque el esfuerzo y la dedicación están presentes, las estructuras sociales y económicas limitan el progreso de quienes más lo necesitan.

Uno de los lugares donde esta separación se vuelve extremadamente visible es en las grandes ciudades. La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por ejemplo, son urbes donde conviven lujos extremos con pobreza crónica. Las colonias más exclusivas, con su seguridad privada y acceso a servicios de primer nivel, contrastan con los barrios populares, donde las personas enfrentan cotidianamente la inseguridad, el acceso limitado a la salud y a una educación deficiente. Este modelo de segregación urbana no solo refuerza la brecha entre clases, sino que también impide que existan espacios de interacción entre los diferentes grupos sociales, haciendo que las distancias sean tanto físicas como emocionales.

Lo más inquietante de esta situación es la normalización de la desigualdad. En lugar de cuestionar por qué estas diferencias son tan marcadas, la sociedad ha aprendido a convivir con ellas, como si fuera un rasgo inevitable del país. El discurso del “éxito individual” y el “emprendedurismo” que promueven los sectores más privilegiados ignora las profundas barreras estructurales que impiden que todos tengan las mismas oportunidades para prosperar. No se trata de que todos tengan lo mismo, pero sí de que todos puedan acceder a un mínimo digno, con oportunidades reales para mejorar su calidad de vida.

Además, las clases más acomodadas a menudo se refugian en espacios exclusivos, donde las dificultades del México real parecen ser solo un eco distante. Viven en fraccionamientos cerrados, sus hijos asisten a escuelas privadas y sus círculos sociales rara vez incluyen a personas de clases socioeconómicas distintas. Esta burbuja contribuye a una desconexión preocupante con la realidad que enfrenta la mayoría de los mexicanos, quienes deben lidiar con el transporte público deficiente, la falta de oportunidades laborales, la precariedad de los servicios de salud y la inseguridad.

Es imposible ignorar que la desigualdad económica y social en México tiene raíces profundas que están ligadas a su historia colonial, la distribución de tierras y recursos, y las políticas económicas que han favorecido a ciertos sectores mientras marginaban a otros. Pero si queremos avanzar como país, es vital que empecemos a cuestionar estas desigualdades y exigir cambios estructurales que beneficien a todos, no solo a unos pocos.

El tema de la desigualdad no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de justicia social. En un país donde la mayoría lucha por salir adelante, mientras una pequeña élite disfruta de lujos impensables para la mayoría, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué significa ser un país con oportunidades para todos? La respuesta a esas preguntas podría marcar el futuro de México y su capacidad para reducir esta dolorosa separación entre sus clases sociales.

Pero más allá de la percepción de injusticia, debemos preguntarnos si esta desigualdad podría estar violando los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que garantice salud, bienestar y seguridad económica. Sin embargo, en México, millones de personas no tienen acceso a estos derechos básicos, lo que genera una sociedad donde no todos tienen las mismas oportunidades ni acceso a condiciones de vida dignas. La falta de acceso a una educación de calidad, a servicios de salud eficientes, a trabajos bien remunerados, y la inseguridad constante a la que están sometidos quienes viven en zonas marginadas son indicativos de que la desigualdad no solo es un tema económico, sino que también atenta contra los derechos fundamentales de una gran parte de la población.

Es crucial que como sociedad reflexionemos sobre estas cuestiones y exijamos que el bienestar social no sea un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos. El México del futuro no puede construirse sobre una base de exclusión y desigualdad.